El primer año que no fue transición
- Yoab Samaniego B
- 8 sept
- 4 Min. de lectura
Claudia Sheinbaum llegó al poder con el mandato más claro que haya recibido un presidente mexicano en décadas: continuar la Cuarta Transformación sin alteraciones sustanciales. Un año después, el diagnóstico es preciso: cumplió. No hubo transición porque no la necesitaba. La presidenta heredó un proyecto político consolidado y lo administra con eficiencia técnica, pero también con las limitaciones que impone gobernar dentro de un marco ideológico rígido.
El sexenio de López Obrador terminó dejando instituciones rediseñadas, una base social sólida y una narrativa política hegemónica. Sheinbaum no tuvo que construir desde cero; tuvo que demostrar que podía sostener el edificio. En ese sentido, su primer año es exitoso. En otros sin embargo, revela los costos de la continuidad sin matices.
La herencia política
Sheinbaum asumió la presidencia con ventajas inéditas: control absoluto del Congreso, mayoría en estados clave, respaldo popular del 60% y una oposición fragmentada. Más importante: recibió un aparato de Estado reorganizado según los principios de la 4T.
El peso de esa herencia se refleja en las decisiones del primer año. La presidenta mantuvo la estructura heredada, los programas sociales emblemáticos y la retórica confrontacional. La continuidad no fue solo estrategia; fue condición de legitimidad.
Esta decisión tiene lógica política. López Obrador dejó el cargo con aprobación del 70%, sus programas benefician a 30 millones de mexicanos y la narrativa anti-neoliberal conecta con sectores amplios. Cambiar el rumbo habría deslegitimado el mandato electoral.
Pero también revela los límites del proyecto. Gobernar para mantener es distinto a gobernar para transformar. El primer año de Sheinbaum muestra una administración competente en la ejecución, pero cautelosa en la innovación.

La economía: pragmatismo ortodoxo
El manejo económico ilustra perfectamente las tensiones de la continuidad. Sheinbaum mantuvo el discurso de "primero los pobres" pero aplicó disciplina fiscal que López Obrador frecuentemente sacrificaba por razones políticas. La diferencia no es menor: mientras su antecesor priorizaba el impacto social inmediato, ella equilibra responsabilidad fiscal con compromiso transformador.
Los números son claros: déficit controlado en 4.5% del PIB, inflación estabilizada en 4.5% anual, crecimiento del 2.1%. Cifras respetables internacionalmente, pero insuficientes para un país con 44% de población en pobreza y enormes rezagos estructurales.
La presidenta logró algo complejo: combinar narrativa transformadora con práctica económica ortodoxa. Sostuvo los programas sociales sin expandirlos irresponsablemente, negoció con mercados financieros sin ceder principios fundamentales y mantuvo la inversión pública en proyectos estratégicos sin provocar crisis fiscales. Su formación científica se traduce en decisiones basadas en evidencia más que en intuición política.

Sin embargo, esta moderación calculada tiene costos evidentes. Los programas sociales no crecieron al ritmo que demandan las necesidades acumuladas, la inversión privada permanece cautelosa ante señales contradictorias y sectores productivos clave siguen esperando definiciones claras sobre el modelo de desarrollo a largo plazo.
La paradoja: la competencia técnica permite sostener el proyecto con mayor eficiencia, pero reduce su capacidad transformadora.
La reforma judicial: poder concentrado
La reforma judicial representa el logro más significativo y controvertido del año. Sheinbaum logró aprobar la elección popular de jueces sin las resistencias masivas que enfrentó López Obrador.
El proceso reveló capacidad operativa impecable: coordinación entre poderes, comunicación que neutralizó críticas y movilización social exitosa. Como ejercicio de poder, fue ejemplar.
Como ejercicio democrático, problemático. Se aprobó sin debate profundo, consulta efectiva o mecanismos de evaluación. El argumento de "legitimidad popular" saltó procedimientos de construcción de consensos democráticos.
Los efectos son inciertos. La elección popular puede democratizar un poder elitista, pero también politizarlo hasta la inoperancia. Bolivia muestra que justicia electoral no produce necesariamente justicia efectiva.
Sheinbaum demostró mayor habilidad técnica que López Obrador para aprobar reformas estructurales, pero mantiene la misma lógica: concentración del poder bajo argumento democratizador.
La oposición: vacío estructural
El primer año confirmó que la debilidad opositora no fue circunstancial del sexenio anterior, sino estructural y profunda. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano siguen sin articular alternativas creíbles a la 4T, atrapados entre la nostalgia del pasado y la incapacidad de imaginar futuros diferentes.
La fragmentación es total y aparentemente irreversible. Cada partido desarrolla estrategias independientes, sin coordinación ni visión compartida sobre el rumbo nacional. Mientras Morena gobierna con narrativa coherente sobre la transformación del país, la oposición se limita a criticar decisiones específicas sin ofrecer un proyecto alternativo que conecte con las aspiraciones ciudadanas.
Esta debilidad beneficia a Sheinbaum, pero empobrece el debate público. Sin contrapesos efectivos, las decisiones se someten a menos escrutinio y aumenta el riesgo de errores no corregidos.
El caso más evidente es la reforma judicial. Una oposición articulada habría obligado a debatir términos técnicos y diseñar mecanismos de evaluación. Sin esa presión, se aprobó como acto de fe.
Los retos del segundo año
El segundo año enfrentará desafíos estructurales que no se resuelven solo con competencia técnica: generar crecimiento económico sostenido para cumplir las promesas sociales, expandir programas sin comprometer estabilidad fiscal, manejar la relación compleja con la administración Trump y abordar el problema persistente de la seguridad pública que sigue siendo el talón de Aquiles de la transformación.
Además, Sheinbaum enfrentará la presión creciente de definir su propia identidad política. El primer año fue de continuidad necesaria para consolidar legitimidad, pero la presidenta necesitará marcar diferencias con López Obrador sin traicionar los principios de la 4T. Es una ecuación compleja que requerirá mayor innovación política y capacidad de liderazgo propio.
Balance: competencia sin audacia
El primer año de Claudia Sheinbaum confirma lo que se intuía desde la campaña: México tiene una presidenta técnicamente competente, políticamente hábil e ideológicamente congruente con el proyecto que heredó. Administra el poder con eficiencia y mantiene la cohesión del bloque político dominante.
Pero también confirma las limitaciones de la continuidad sin matices. La 4T se consolida como modelo de gobierno, pero no evoluciona como proyecto de transformación. Los aciertos del primer año son los de una administradora eficiente; los pendientes siguen siendo los de una transformación incompleta.
La pregunta para el segundo año no es si Sheinbaum puede gobernar —eso ya lo demostró—, sino si puede innovar dentro de los marcos heredados. México necesita los dos tipos de liderazgo: el que administra lo construido y el que construye lo que falta. El primer año mostró el primero. Los siguientes cinco dirán si también tiene el segundo.



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