72,000 RAZONES PARA DECIR QUE EL INFORME ESTÁ MAL HECHO

Hay un número que el gobierno mexicano no puede explicar con un comunicado: 72,000. Eso es lo que pesan, en restos humanos no identificados, las 4,500 fosas clandestinas que la ONU documentó esta semana al activar su mecanismo de emergencia máxima sobre México. El Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. El equivalente institucional a que el médico llame a otro médico porque ya no sabe qué más hacer con el paciente. El paciente, en este caso, respondió que el médico no entiende su caso.

La Secretaría de Gobernación calificó el informe de "tendencioso y falto de rigor jurídico." La Secretaría de Relaciones Exteriores —con canciller nuevo, por cierto, porque el anterior salió por motivos de salud justo esta semana— dijo que el Comité "omitió los avances" y que sus conclusiones "no reflejan la realidad actual." El senador Ignacio Mier, siempre disponible para la frase precisa en el momento equivocado, habló de "miopía alarmante" de la ONU.

La miopía, en este caso, viene equipada con datos forenses.

El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada no llegó a sus conclusiones en un fin de semana largo. Lleva revisando el caso México desde 2012. Visitó el país en 2021. Recibió la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025. Leyó los argumentos oficiales, los consideró, y llegó de todas formas a la misma conclusión: hay indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México tienen la escala y el patrón de crímenes de lesa humanidad. No porque haya una orden presidencial firmada en tinta roja. Sino porque cuando el Estado no previene, no investiga y no sanciona de manera sistemática, también está participando. Por omisión. Que en derecho internacional no es un detalle menor.

México ocupa el primer lugar mundial en acciones urgentes por desaparición forzada registradas por la ONU: 819 casos activos. El 38 por ciento de todas las acciones urgentes del planeta en este rubro. Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas. El mapa no es nuevo. Los números tampoco. Lo que es nuevo es que la comunidad internacional decidió dejar de esperar a que el problema se resolviera solo.

Y aquí está el núcleo del absurdo que ningún comunicado puede disolver: el Artículo 34 no manda tropas. No impone sanciones. No señala a ningún funcionario por nombre. Es un mecanismo de apoyo. Le dice al Estado: "necesitas más ayuda de la que tienes." Para un gobierno que lleva años declarando que ya se transformó, que ya se avanzó, que ya cambió la lógica de impunidad que heredó, que la cuarta transformación atiende lo que los anteriores ignoraron — para ese gobierno, el mecanismo de emergencia máxima de la ONU es, precisamente, lo más incómodo que puede ocurrir. No porque los señale. Sino porque los mide.

Y la medición arroja 72,000 restos humanos que todavía no tienen nombre.

El comunicado está bien redactado. Eso hay que reconocerlo.